Lea, en la medida de sus posibilidades, los textos que a continuación se mencionan. Deberá formarse una idea personal sobre las cuestiones siguientes:
- ¿Deben los ordenamientos jurídicos de las sociedades como las latinoamericanas otorgar autonomía jurídica a las comunidades indígenas? ¿Con qué límites, en su caso?
- En caso de conflicto, ¿debe prevalecer el derecho estatal común o el derecho indígena?
- ¿Debe el Estado imponer también a las comunidades indígenas los derechos fundamentales recogidos en la Constitución o deben también en esto predominar los derechos de las respectivas comunidades indígenas?
- ¿Cree usted que los mismos derechos, o similares, deberían, en su caso, disfrutar en España las comunidades gitanas? Fundamente su respuesta.
DEBERÁ HABERSE FORMADO UNA OPINIÓN ANTES DEL LUNES 23 DE ENERO, DÍA EN QUE SE DEBATIRÁN ORALMENTE ESTOS ASUNTOS. CONTAREMOS, COMO EXPOSITOR INVITADO, CON EL PROFESOR GREGORIO MESA CUADROS, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE BOGOTÁ.
SE CONSIDERA OBLIGATORIA LA LECTURA, COMO MÍNIMO, DE LOS TEXTOS ABAJO NUMERADOS COMO 1 Y 2.
LOS ALUMNOS QUE, DE MODO ENTERAMENTE VOLUNTARIO (NO HACERLO NO RESTA CALIFICACIÓN, HACERLO PUEDE SUMAR), QUIERAN PONER POR ESCRITO SU OPINIÓN FUNDADA SOBRE TALES CUESTIONES, DEBERÁN ENTREGAR TAL TEXTO, EN SOPORTE DE PAPEL, EL LUNES 23 DE ENERO. SE VALORARÁ ESPECIALMENTE LA AMPLITUD DE LA INFORMACIÓN QUE MENEJEN Y LO BIEN FUNDADO DE SUS OPINIONES, SEAN ÉSTAS LAS QUE SEAN.
Textos y referencias:
1. Lea y medite sobre la siguiente noticia, que recogía el diario colombiano El Tiempo el 7 de enero de 2004:
Un indígena embera es castigado todos los meses con el cepo en sus pies y el destierro
Las penas ancestrales gobiernan la vida de parte de los habitantes del país. Quinta entrega de la serie Voces de la otra Colombia.
Un corrientazo comienza a correrle desde la planta de los pies por todo el cuerpo a Ricardo Bailarín Jumí, sentado bajo un frondoso un almendro, con los pies atrapados y levantados por un cepo, construido con un viejo tronco de Quiribe.
El cepo le agarra los tobillos al indígena con la fuerza de un tigre y en pocos minutos lo invade un dolor.
Sufre ese peso mientras todo el pueblo de Unión Embera Katío, a orillas del río Salaquí, vive un día normal. Las mujeres lavan ropa en el río y pilan arroz, y los niños corren por una cancha donde no se juega fútbol porque no tienen balón. Su familia, su esposa, Ela Cabrera, y sus ocho hijos, están a dos días en viaje de canoa.
El castigo puede durar una hora, pero Bailarín, de 33 años, que viste camisa a cuadros y usa collares de chaquiras, se ha acostumbrado, pues lo ponen allí una vez por mes, y lo ha asumido con resignación.
Es una de las penas que tiene que pagar desde hace seis meses, cuando lo desterraron de su pueblo por un mercado.
El caso
Sentado bajo el almendro, Bailarín recuerda que su calvario empezó el 22 de julio pasado cuando llegó la guerrilla a Quiparadó, su comunidad, a orillas del río Truandó, donde hay 24 tambos de madera, con 108 niños y adultos.
Llamaron a una reunión y ellos asistieron, porque dicen que si no lo hacen los pueden matar. "Se han acercado diciendo que somos auxiliadores de los paramilitares y obligaron a comprarles un mercado por valor de 200 mil pesos", recuerda Bailarín, que era un líder de la comunidad. "Ellos decían que los paramilitares no solo tenían armas en la mano sino que ellos también tenían armas y teníamos que hacerles caso".
El gobernador de su comunidad, Aníbal Conde, compró el mercado en Riosucio y a Bailarín le tocó llevárselo al campamento donde estaban ellos.
"Era obligación. Me comentaban que tenía que hacerle caso a lo que ellos exigían. Por esas circunstancias es que yo he caído en estas causas", explica el indígena.
El 29 de julio llegaron los paramilitares y los señalaron de ayudar a la guerrilla. "Después de eso dicen que yo soy auxiliador de la guerrilla y la guerrilla dice que yo soy colaborador de los paramilitares. Ahora los dos grupos armados me persiguen".
Ante la amenaza del grupo armado el caso del mercado fue tratado por el Cabildo Mayor Indígena de la Zona del Bajo Atrato (Camizba), que tiene como sede una casa de madera azul en Riosucio. Los gobernadores se reunieron en Quiparadó y se llevaron a los implicados a Riosucio.
El primero de agosto pasado fue el juicio en lengua embera y decidieron condenarlos por un año al destierro de sus comunidades. El gobernador Conde fue enviado a la comunidad de Marcial mientras que a Bailarín lo enviaron en canoa a Unión Embera Katío.
Arinson Salazar, gobernador de Unión Embera Katío, dice que castigando a los indígenas por prestarse para estas cosas logran mantener su independencia y evitar que los maten. "Si nosotros los dejamos quietos ellos dicen que no tenemos ninguna justicia", dice. "A uno le da pesar con los compañeros, pero toca".
Código penal indígena
Los 3.800 indígenas de esta región se rigen por su propio código penal, que se dieron a la tarea de transcribir hace dos años en una cartilla en español, donde se establecen las penas para los crímenes y los casos de chismes que ocurran en las 107 mil hectáreas de selva donde viven.
Lo más grave entre los emberas, waunaan, chamíes, tules y katíos es el asesinato de un jaibaná (sabio) bueno, que puede dar para 20 años de destierro, mientras que la muerte intencional puede dar hasta 10 años y la muerte por venganza de unos 2 a 4 años.
El aborto se puede castigar con dos años de castigo, mientras una violación puede dar 7 años si fue contra una niña y 4 años si la víctima es una mujer madura.
En sus pueblos está ademá penalizado el maltrato a los niños, que puede causar entre 15 días de trabajo o un año, si es continuo.
No se permite la infidelidad. Si un hombre con mujer engaña a una joven se castiga al hombre y a la mujer, que acepta sabiendo que el hombre es comprometido, entre 1 y 2 meses de trabajo. Y si un hombre corteja a una mujer ajena tiene castigo de 5 a 10 días de trabajo.
Las peleas tienen diferentes formas de penalizarse. Si se agarran de los pelos solo se castigan con un día de trabajo y se les mete al calabozo. Si la pelea es con arma, se decomisa el arma y se castiga con 3 días de trabajo. Si a una persona se le causa una herida se le debe pagar la curación y los días que deje de trabajar.
Entre los indígenas parecía estar reglamentado hasta los más mínimo: una amenaza puede dar para cinco días de trabajo; los chismes pueden dar de 3 a 5 días de trabajo y hasta los maleficios tiene su castigo, pues al que prepare una hierba mala podrá pagar un castigo de 3 años.
Grupos armados
Pero la guerra los ha obligado a incluir nuevos castigos como el caso del mercado, para evitar que la justicia de las balas se imponga en su territorio.
El cepo lo han intentado abolir los propios indígenas pero lo mantienen a raíz de los problemas del conflicto, pese a que la guerrilla una vez destruyó uno en Quiparadó para que no castigaran a los que acusaban de colaborarles.
Para estos indígenas las Farc y las autodefensas no solo han despertado a los espíritus malos con tantos muertos sin tumbas que han dejado en la selva sino que se les ha metido en sus pueblos, sus trabajos y en sus familias.
Desde 1996 la violencia ha llegado con fuerza a esta región. "Los indígenas no están trabajando como lo hacían antes. En esos tiempos en mi pueblo sacaban quincenal diez mil plátanos y en este año solo sacan entre 400 a 800 plátanos", dice Bailarín. "Ya se han agotado todos los cultivos".
"La situación ahora uno no entiende. Los paramilitares llegan a las comunidades y se quedan cuatro o cinco días y registran los tambos. No estamos diciendo que vengan, pero como ellos tienen poder llegan y se quedan", dice Bailarín. "Después un guerrillero deserta y les dice a los paramilitares que somos colaboradores y ellos les creen. No dicen que todo es obligado".
En otros casos, los paran en sus embarcaciones en los ríos. Alejandrino Tapias dice que los paramilitares lo detuvieron en Caño Seco, un sitio del río Salaquí, y le metieron la cabeza en una bolsa con sal para que dijera dónde estaba la guerrilla.
"Yo botaba sangre por la boca, me amarraron los pies como un animal y al final puede volarme. Caminé tres días hasta que me salvé", cuenta.
Están entre los fusiles. Los paramilitares les restringen la comida, mientras la guerrilla los obliganpara que los guíen por los caminos.
"La guerrilla dice que somos auxiliadores, por eso la guerrilla dice que estamos socializados con los paramilitares, pero no estamos socializados con ningún grupo, a mí no me gusta estar en ningún grupo, eso no me sirve", comenta Bailarín.
Cumpliendo la sanción
Los indígenas piensan que con los castigos los grupos armados los respetarán y evitarán así que en sus comunidades los atropellen.
Por eso Bailarín acepta su destierro. "Queremos sobrevivir y queremos respeto de los grupos armados", dice.
Su condena, que empezó a cumplir el primero de septiembre, la lleva con resignación. Vive en la casa comunitaria de Unión Embera Katío, que es considerada la cárcel, y la comunidad vela por su comida. Le toca barrer las polvorientas calles, ayudar a cultivar, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y cumple todo lo que diga la comunidad, incluso, soportar el cepo.
Pero su gran condena es vivir lejos de su numerosa familia, que se quedó a dos días de viaje en canoa.
"Ya tengo tiempo de no estar allá, atrás de mi no sé que problema hay. No sé como está sobreviviendo mi esposa, espero que la comunidad le está colaborando en cualquier cosa, con la comida de todos los niños", dice. "Esto no es fácil, uno se está perdiendo de hablar con sus familiares".
Las noticias de su pueblo le llegan en canoa, con los pescadores. Así se enteró que a su hermano Ariel se le metió un espíritu cuando fue al río y se ahorcó. "No sé como fue el velorio, no pude verlo", dice Bailarín, que espera regresar a mitad de este año a su pueblo.
"Yo termino sanción y seguiré luchando por la comunidad, no tengo miedo, si uno teme mucho no hace nada, en esto hay que seguir luchando, si no lo hacemos cada día hay más desvalorización de los pueblos indígenas, por eso mismo hemos visto asesinatos de líderes", cuenta Bailarín frente al cepo.
Sabe que si le vuelven a pedir un mercado les dirá: "No sigan acosando a nosotros. Después ustedes mismos se entregan, comentan que nosotros somos colaboradores y ustedes nos obligan".
Luis Alberto Miño Rueda, Subeditor de Nación, Bajo Atrato.
2. Lea, al menos en sus partes más relevantes, la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana T523/97, que puede encontrar en:
http://www.oit.or.cr/mdtsanjo/indig/t523-97.htm3. Puede encontrar informaciones complementarias muy relevantes en los siguientes lugares de la web:
a)
http://www.cdi.gob.mx/conadepi/iii/cletus/Esta página contiene información completísima sobre el reconocimiento constitucional y legal de derechos indígenas en todos los países de América Latina.
b) En particular, sobre el caso de Colombia puede encontrar información muy completa en el apartado correspondiente de la página anterior:
http://www.cdi.gob.mx/conadepi/iii/cletus/colombia.pdf4. Amplíe por sus propios medios sus fuentes de información y opinión navegando en las muchas páginas que en internet existen sobre este tema.
